El Ayuntamiento de Barcelona debate sobre la necesidad de una protección jurídica especial para los vigilantes de la zona azul
Como sabéis ayer 16 de noviembre, se debatió sobre las
agresiones de los vigilantes de la zona azul en la Comissió de Presidència,
Drets de Ciutadania, Participació i Seguretat i Prevenció. En este sentido
hemos de dar las gracias al Partido Popular por llevar a dicha comisión esta
problemática, así como la comprensión que han tenido todos los partidos
políticos respecto a las agresiones que sufre nuestro colectivo.
Teniendo la debida prudencia, la forma en que ha
transcurrido el debate nos invita a pensar que el Ayuntamiento dará soporte a
la iniciativa de la Sindica de Greuges de Barcelona, aunque esto sería un paso
más, ya que debería ser el Parlament de Catalunya quien reforme la ley de la Carta
Municipal para que se nos reconozca la condición de Agentes de la Autoridad en
el ejercicio de sus funciones.
No podemos más que estar contentos y agradecidos de cómo se
han posicionado durante los 25 minutos de debate los diferentes grupos
municipales que ya nos han recibido (CUP, Ciutadans, Partido Popular y CiU) y
de los que ya tenemos concertada una reunión (ERC y PSC). En cuanto a Barcelona
en Comú seguimos esperando contestación a la solicitud de reunión.
Destacar la presencia del Director General de BSM Ignasi
Armengol que ha sido requerido para explicar la situación actual y que se está
haciendo desde la dirección para atajar esta situación. Durante esas
explicaciones hemos podido comprobar que la empresa insiste en considerar
agresión sólo aquellas que pasan por la Mutua.
Entendemos que los más de 3.700 euros que costó el informe
jurídico a la empresa “Peritos Judiciales” deberían servir, al menos, para
ponerse de acuerdo en que se considera agresión, ya que las divide en dos y las
define de la siguiente forma:
- Agresión verbal: principalmente insultos y amenazas que pretenden intimidar o coaccionar.
- Agresión física: implica el uso de la fuerza o instrumentos para causar un daño físico.
A ningún vigilante se le escapa que las agresiones sufridas
a lo largo de este año son bastantes más de 16, seguramente superan el centenar
como en años anteriores, y flaco favor nos hace a la hora exponer en su justa
medida ante los responsables municipales la situación real que estamos viviendo
en la calle. Todos y todas sabemos que cuando un vigilante rellena una hoja de “incidencia”,
no lo hace por un simple insulto, lo hace cuando el insulto viene acompañado de
una actitud agresiva, y que frecuentemente vienen acompañados de algún tipo de
amenaza. En definitiva, las hojas de incidencia se rellenas tras una experiencia
estresante, frecuentemente con alguna consecuencia psicológica, aunque sea el
simple estado de ansiedad del momento sufrido.
En su intervención, el Sr. Armengol también ha afirmado que
han realizado un informe interno, para enviar a los servicios jurídicos del
Ayuntamiento para ver si a través de la regulación interna del Ayuntamiento es
posible otorgar la condición de agentes de la autoridad. Informe que esperemos
nos hagan llegar a la representación de los trabajadores para poder estudiarlo
como merece.
Entendemos también que existe un debate sobre la
conveniencia o no de que estos datos sean públicos, y de que se haga eco la
prensa de esta problemática. Evidentemente, esto sólo podría afirmarse o
desmentirse tras analizar los datos sobre la evolución de las agresiones después de hacerlos públicos, pero de lo que estamos absolutamente seguros, es que
si no se expone en su cruda realidad ante los responsables municipales no verán
la necesidad de tomar cartas en este asunto, ya que nadie trabaja para solucionar un problema si no sabe que existe.
Deciros también, que no sólo Barcelona se está movilizando
por este problema, recientemente los compañeros de Iruña han salido a protestar a la calle, y ya lo hicieron en su día ciudades como Madrid.
En cualquier caso, y a modo de conclusión, entendemos muy
positivo que se haya abierto el debate y que los diferentes partidos políticos
estén comprendiendo la necesidad de otorgar una protección jurídica especial a
los vigilantes de la zona azul, que sin duda sería deseable extender a los compañeros de la Grúa Municipal y Agentes
Cívicos, trabajadores cuya función también es hacer cumplir las normativas de
Ayuntamiento.
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