En octubre de 2015 esta Sección
Sindical tuvo conocimiento de la existencia de un informe titulado “Informe
tècnic justificatiu del reconeixement dels membres de la UOER: autoritat, agent
de l’autoritat” con número de expediente P14003198, ya que así constaba en el listado de informes
realizados para el Ayuntamiento de Barcelona durante el segundo trimestre de
2014.
A fin de conseguir dicho informe
y poder estudiar en profundidad su contenido, CCOO lo solicitó:
- A la empresa en la reunión del Comité de Seguridad y Salud del 12 de noviembre de 2015
- A la empresa en la reunión extraordinaria por la amenaza Yihadista del 23 de noviembre de 2015
- A la Sindica de Greuges de Barcelona (Sra. Francesca Reyes) mediante correo electrónico el 2 de noviembre. (Solicitando además que se incluya en el expediente 14Q000260-FR por la solicitud de CCOO_BSM para que se pronuncie la Sindica al respecto de si los vigilantes deben tener igual trato que un agente de la autoridad en caso de agresión)
- Al Ayuntamiento de Barcelona mediante correo electrónico al Portal de la Transparencia el 10 de marzo 2016
- De nuevo a la empresa en la reunión extraordinaria de seguridad del 11 de marzo de 2016
SOBRE EL INFORME
Fechado el 3 de marzo de 2015 (hace un año), es un informe extenso y detallado (38
páginas), realizado por la empresa “Peritos Judiciales” por valor de 3.726,80€.
Decir también que en su elaboración ha participado un miembro de CIFE, la
empresa que efectúa los cursos de Reconducción de Conflictos que está
recibiendo el personal de AREA, lo que en sí mismo nos da cierta garantía.
LO MÁS RELEVANTE
Sin duda alguna, lo más relevante
es su conclusión final, donde indica que: “si se atiende a lo dispuesto en el
artículo 24.2 del Código Penal, es
indudable que los miembros de la UOER ejercen funciones públicas por
delegación de la propia alcaldía y, por tanto, cumple inicialmente los requisitos para poder ser considerado funcionario
público durante el
ejercicio de la
labor encomendada por esta”, en la misma línea que nos han
informado durante el primer curso de CIFE y muy similar a la argumentación
jurídica que CCOO entregó al gabinete jurídico de BSM el 26 de noviembre de
2013, de hecho se hace referencia a las mismas sentencias que aportó CCOO.
Este reconocimiento sin duda ofrecería una mejor protección
jurídica, ya que sería de aplicación el artículo 550 del Código Penal en caso
de agresión.
Más destacable si cabe es que,
además, indica que la Secretaria d'Administració i
Funció Pública, es el organismo que ha de conceder este reconocimiento a los
miembros de la UOER, facilitando incluso el nombre de la persona
responsable, dirección, teléfono, etc…
Dado que no nos consta que se haya efectuado solicitud alguna a dicha Secretaría, solicitando el reconocimiento de la consideración de
funcionario público, esta Sección
Sindical solicitará al resto de expresiones sindicales, que efectuemos dicha
petición de forma conjunta, como Comité de Empresa, ya que sin duda tendrá
más valor que si lo efectuamos como Sección Sindical.
Por otro lado, aunque el informe en cuestión versa sobre los/as vigilantes
de la UOER, y profundiza sobre características propias de este colectivo como
la tarjeta identificativa, o el reconocimiento como “servicio auxiliar de la
Guardia Urbana”, debemos empezar a pensar en buscar la forma de extender este
reconocimiento a los demás departamentos de la empresa (por ser también
empleados de la función pública), especialmente para los trabajadores de la Grúa Municipal, Agentes Cívicos y Zona Bus (aunque no tengamos un informe específico al respecto), ya que también tienen como función principal hacer cumplir las
normativas del Ayuntamiento.
OTROS ASPECTOS
Además de argumentar la
posibilidad de declarar a los/as vigilantes de la UOER funcionario público
durante el ejercicio de sus funciones, se tratan otros aspectos interesantes de
analizar como son:
Percepción social: Se hace referencia a la animadversión social de
nuestro trabajo, lo que debería invitar a retomar la propuesta de CCOO de hacer
una campaña publicitaria encaminada a explicar los aspectos positivos de
nuestra labor como son la reducción de la contaminación acústica y ambiental al
reducir el tiempo necesario para encontrar estacionamiento, explicar donde se destina el
dinero que se introduce en los parquímetros, etc...
Tipología de agresiones: Define perfectamente la diferencia entre
una agresión verbal y una agresión física, así como sus consecuencias
(incluidas las psicológicas). En este sentido, entendemos que la empresa debería reconsiderar su postura en cuanto al estudio sobre las agresiones de AREA que elaboró CCOO, ya que desde el departamento de Prevención se nos manifestó que no era correcto, ya que sólo consideran
agresión cuando se requiere asistencia en mutua, reduciendo a 14 las 169 agresiones de 2014.
Estadísticas sobre agresiones: Sobre este aspecto nos llama la
atención que sólo refiere 134 agresiones en 2014, cuando los datos que nos
facilitó la empresa de ese año indican que fueron 169. En cualquier caso, cifra en 117 la media de agresiones anuales de los últimos 6 años, con un 35% de
personal agredido.
Desmotivación laboral: En este sentido, el informe versa sobre la
repercusión psicológica de las agresiones. Para paliar en la medida de lo
posible esta afectación, CCOO propuso que se incluya en el plan de formación un
curso sobre “Gestión emocional” y clases o jornadas de yoga y otras técnicas de
meditación, que sin duda ayudarían a una mejora en el bienestar psicológico de
la plantilla.
Protección de la información personal: Aquí pone de manifiesto la
preocupación de los trabajadores y trabajadoras, por tener que facilitar los datos personales
cuando se denuncia una agresión, e indica que en caso de ser reconocidos como “funcionario público durante el ejercicio de sus funciones”
este problema se solucionaría, ya que los/as vigilantes se podrían identificar
exclusivamente con su TIP (tarjeta de identificación profesional).Por otro lado, en este apartado se hace referencia al “Manual de facilitador de B:SM del año 2011”, manual que no nos consta haya sido entregado a los delegados de prevención y que solicitaremos para poder revisar su contenido.
Evidentemente, nada garantiza que la Secretaria d'Administració i Funció Pública nos dé la razón cuando efectuemos la petición del reconocimiento como “funcionario público durante el ejercicio de sus funciones” pero, sin duda alguna, es una petición que debemos hacer por la repercusión positiva que puede tener, no sólo por la protección legal, también para poder reclamar posteriormente otras reivindicaciones como que sea de aplicación el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público) el que recoge, por ejemplo, la forma correcta de promocionar en la administración pública, lo que podría acabar con la opacidad actual en los procesos de promoción.
Como sabéis, el simple hecho de tener este informe no
significa que por fin se nos vaya a reconocer legalmente la protección que
merecemos, incluso que en caso de que se nos reconozca, implique una reducción
de la lacra de agresiones que venimos sufriendo si no se toman más medidas al
respecto, pero sin duda es una puerta que se abre y debemos intentar aprovechar.
En definitiva un informe interesante y del que bien
merecería la pena tener en cuenta sus apreciaciones.
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